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Controlar Internet

08.17.2007 · Guardado en Cultura Libre

“[…] Esta incertidumbre genera resistencia entre los poderes tradicionales. Un ejemplo son los derechos de autor: sus titulares se han sentido defraudados y desamparados y reclaman un mayor apoyo social para que no muera la cultura. Sin embargo, desde el otro extremo se sostiene que nunca la música o el cine han estado más vivos que ahora -y desde luego nunca ha sido más fácil el acceso a la cultura- y reclaman otras iniciativas, como las licencias copylef que permiten la reproducción de una obra para uso personal y su difusión sin fines comerciales. Sus patrocinadores sostienen que, a diferencia del copyright, que mira a la cultura como pura mercadería, el copylef encuentra su fundamento en la creatividad y en el acceso al conocimiento y la cultura.
La Ley de Propiedad Intelectual, y el proyecto de Ley de Impulso de la sociedad de la Información, parten del carácter de defensa. Así, la primera, además de restringir el derecho a la copia privada y de cita, impone un canon compensatorio por lucro cesante, y la segunda quita a los jueces la exclusividad para retirar contenidos de las páginas web, y por dos veces se ha intentado introducir un procedimiento sin precedentes en el Derecho español y no informado por el Consejo General del Poder Judicial, a pesar de afectar a las competencias judiciales. Es el llamado procedimiento “de notificación y retirada”, es decir, una auténtica patada digital, ya que habilita a las gestoras de derechos de autor para que, sin declaración judicial alguna, tras unas simples notificaciones, puedan exigir a los proveedores de Internet que retiren los contenidos de las páginas que albergan.
Sin embargo, el lobby que defiende ese intervencionismo lo justifica en la necesidad de paliar la lentitud judicial. Pero, en realidad, lo que teme no es el retraso judicial en sí, sino que los jueces, como ya viene ocurriendo, se nieguen a cerrar las páginas web si no se acredita un fin comercial. Por otra parte, esa pretendida lentitud se resuelve mediante la creación de más juzgados, pero no eliminando las garantías de los ciudadanos. […]”.

Lee el artículo completo de Pedro Martínez, teniente fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
(vía David Bravo)

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